Preocupación por daño ambiental en la costa norte de Pinamar

El concejal de Unidad Ciudadana Gregorio Estanga presentó un proyecto de ordenanza para exigir que un emprendimiento inmobiliario privado se abstenga de modificar el cordón medanoso de la zona norte de Pinamar por el daño ambiental ocasionado. El edil busca además que directamente se derogue la aprobación del plano particularizado y la división parcelaria.

Se trata de un emprendimiento multifamiliar denominado “Norte Playa”, que comercializa la empresa Pinamar S.A., y que contempla edificaciones de hasta cuatro pisos, cocheras cubiertas y descubiertas, servicios de quinchos, piletas, cancha de tenis y gimnasios, entre otros.

Según la iniciativa elevada por el edil opositor, en julio del año pasado se tomó conocimiento de “la depredación de un sector del bosque y dunas” en el sector por no cumplir con “los presupuestos mínimos establecidos en la ley general de medio ambiente”.

Si bien se solicitó información al Ejecutivo que conduce Martín Yeza respecto al permiso otorgado para la extracción e intervención al cordón medanoso, apertura de calle en el loteo, extracción de pinos y acacias, y del informe de impacto ambiental, “no se obtuvo respuesta alguna”.

Por esto se pidió una copia certificada del expediente, el cual -de acuerdo a lo señalado por Estanga- dejó en evidencia el impacto que podría acarrear la iniciativa sobre el relieve, el suelo, el recurso hídrico, el paisaje, la playa, la calidad de vida de la zona, la demanda de servicios y el desarrollo turístico sustentable.

En este marco, se destacó que “la construcción de este proyecto demandará un aumento de servicios de agua potable, recolección de residuos, tratamiento de aguas servidas y eliminación de desechos sólidos y de varios servicios públicos, excediendo la capacidad en temporada alta”.

En el expediente también se encuentra anexado un proyecto de investigación sobre la caracterización ambiental del área costera en la frontera norte de Pinamar, que hace hincapié en la preservación de las dunas como una “necesidad indiscutible”.

Del mismo se desprende además que “al superponer los planos de cotas altimétricas de la zona (octubre 2013) con la división parcelaria, se puede ver claramente que el primer cordón dunicola se encuentra afectado por el proyecto, y en particular se ve que el loteo se implanta íntegramente sobre la cresta del médano, pie de médano e incluso parte de playa distal”.

 

Infracciones

En su proyecto, Estanga enumeró las infracciones que labró la municipalidad sobre el emprendimiento, entre las que se menciona la tala de árboles sin autorización; la realización de actividades antrópicas en el macizo; la modificación altimétrica y movimiento de arena sin autorización y fogatas en zonas no permitidas.

Incluso el director de Ecología de la municipalidad, Enrique Sánchez, exigió a los responsables del emprendimiento “Norte Playa” que se abstengan “de realizar cualquier tipo de obra hasta tanto no se encuentre delimitada la línea de ribera o se expida de la validez del plano”, al tiempo que solicitó un plan de remediación.

Sin embargo, Estanga recalcó que “la empresa Pinamar S.A no presenta el plan de remediación por la acción antrópica realizada, ni la documentación que delimita la línea de ribera, ni la validez del plano, sino que solicita abrir un nuevo acceso en playa en el lugar, haciendo caso omiso a todo lo requerido u ordenado por las diferentes dependencias del Ejecutivo”.

Mitigar el impacto negativo

“Para prevenir los efectos nocivos o peligros de las actividades antrópicas generadas por la empresa Pinamar S.A y para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social, particularmente importante en nuestra comunidad cuya principal actividad comercial la constituye el turismo, es que se exige un especial cuidado y medidas concretas para mitigar los impactos negativos de dicha actividad”, enfatizó el edil opositor.

En esta línea, además de pedir que se derogue la autorización del plano y las divisiones parcelarias, pidió aplicar a la empresa las sanciones que corresponden por el daño al medio ambiente ya provocado e intimar a que se presente el plan de remediación correspondiente.

También exigió que se realice un estudio de impacto ambiental para “determinar el grado del daño causado por las acciones antrópicas realizadas”.