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Son 160.000 las pensiones a discapacitados eliminadas por Macri

Telégrafo jueves, 15 junio, 2017

Setenta mil corresponden a este 2017 y 90 mil fueron las dadas de baja durante el año pasado. Según el gobierno de Cambiemos, no se trató de un recorte por falta de recursos sino “producto de irregularidades detectadas en revisiones de rutina”.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley dijo que no hay intención oficial de dejar sin pensión a quienes “la merecen”. “No se hará un recorte masivo”, aseguró y agregó que el Gobierno decidió “restablecer” las pensiones a las personas discapacitadas “que por error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar”. El pago se haría efectivo la semana próxima.

Stanley aseguró que volverán a percibir la pensión por discapacidad aquellos beneficiarios cuyos grupos familiares posean ingresos mayores a tres jubilaciones mínimas o sean propietarios de un automóvil usado, y que “por error” este mes no cobraron.

Por su parte, el presidente de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dijo que hasta el año 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, los discapacitados que recibían ayuda estatal eran 180.000. Pero que entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, hasta alcanzar los 1,8 millones.

El gobierno apeló a un decreto presidencial de los años 90, firmado por Carlos Menem, y lo aplicó a rajatabla. El texto dice que no merece la ayuda el discapacitado que esté a cargo de alguien que tenga una pensión no retributiva o un bien a su nombre.

Según los parámetros establecidos, estas condiciones se cumplen cuando el ingreso del tutor supera los 1.100 dólares o el del cónyuge equivale a una jubilación mínima, es decir 380 dólares, la mitad de lo que cuesta la canasta de alimentos que toman las estadísticas oficiales para establecer el índice de pobreza.

El decreto permitió a Desarrollo Social quitar el beneficio a 16.500 personas sólo en el mes de junio. “Lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que dice el decreto reglamentario, no hacemos nada extraordinario ni nuevo. Una persona con síndrome de down, por ejemplo, no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, agregó Badino.

Desde la Defensoría del Pueblo, en tanto, instaron a Macri a revertir las anulaciones porque los damnificados no fueron advertidos. “Muchos tomaron conocimiento de la cesación de su beneficio en la entidad bancaria al momento del cobro. No tuvieron la posibilidad de prever la falta de ese ingreso, colocándolos en un grave estado de desamparo, y no permitiendo el ejercicio de los recursos administrativos por el ocultamiento de los fundamentos», dice un documento de la oficina.