El Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar volvió a reclamar ante el ministerio de Trabajo que se aplique una multa al municipio y el consecuente embargo para direccionar esos fondos a los afectados. Es que la gestión de Martín Yeza sigue sin cumplir con la resolución ministerial para saldar la totalidad de los salarios que sufrieron descuentos.
La nueva presentación del gremio es en respuesta a una nota que remitió el municipio para justificar el no pago de los sueldos. Cabe recordar que tras un conflicto sindical que llevó a un paro y tras dictarse la conciliación obligatoria, la Comuna liquidó sueldos con descuentos.
En esta línea, el ministerio de Trabajo intimó al gobierno de Yeza a completar el pago por incumplir la conciliación a la que habían suscripto. No obstante, el Ejecutivo se mantiene a la fecha en su posición.
Por eso, el gremio volvió a exigir que se haga efectiva la aplicación de una multa y embargo al municipio de Pinamar, a fin de que esos fondos se direccionen “en beneficio de los trabajadores afectados”.
Argumentos del STMP
En principio, el sindicato defendió la legalidad del paro que llevó a cabo en reclamo del pago de bonificaciones establecidas en el convenio colectivo de trabajo. Es que la justificación del gobierno de Pinamar fue que el convenio no estaba en vigencia.
No obstante, el ministerio de Trabajo ya resolvió la cuestión de fondo: el convenio está vigente desde marzo de este año, tal como lo suscribieron el gremio y el propio gobierno de Yeza.
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“Por consiguiente, las medidas de fuerza (…) han sido justificadas por el incumplimiento en el pago de las bonificaciones que se encuentran en el Convenio”, enfatizaron.
Asimismo, agregaron que más allá de esto, en el marco del conflicto también “se dictó una conciliación entre las partes, pero fue violada por la municipalidad al descontar ilegalmente a los trabajadores”.
“Negamos que el STMP haya actuado de mala fe. Siempre se ha tratado de conciliar y ofrecer propuestas de solución al conflicto”, recalcaron luego. También rechazaron que la medida de fuerza haya sido “extrema”, tal como sostiene el Ejecutivo.
“Se realizaron tres audiencias antes de que se dicte una medida. Y luego se optó por la medida más leve que se iba intensificando ante la férrea oposición al cumplimiento del CCT 104/23 firmado de puño y letra por su intendente”, explicaron desde el gremio.
“Represalia y práctica desleal”
Por otro lado, desde el sindicato hicieron hincapié en la forma en que se realizaron los descuentos. “Se hizo por un simple informe de cada secretario respecto de los empleados que cumplieron con todo el cronograma de la medida de fuerza”, señalaron.
“Por lo que se ve en dicho escrito se está reconociendo que se ha hecho una persecución a los trabajadores que ejercieron su derecho de huelga, siendo una represalia y práctica desleal”, enfatizaron.
Asimismo, consideraron que “el municipio reconoce que los descuentos son totalmente ilegales, ya que no se ha acompañado en ningún momento la fundamentación de los mismos a pesar de haber sido requerido por el ministerio de Trabajo en audiencias”.
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“Solo se realizan descuentos por persecución a los trabajadores que participan en actividad sindical, aunque hayan fichado y prestado tareas. Solo se persigue y amedrenta a aquellos trabajadores que realice algún reclamo en defensa de sus derechos, y se culpa al Sindicato cuando el municipio incumple”, sentenciaron.
Por último, también recalcaron que aún no se pudo acceder a los recibos de los haberes, lo que viola la Ley de Contrato de Trabajo.
