Siguen los despidos: desde que asumió Milei recortó 24.000 empleos públicos

En diciembre pasado, cuando asumió como presidente, Javier Milei decidió eliminar 9.000 empleos públicos y en esta última semana de marzo su gobierno avanzó con 15.000 despidos más.

Además de los puestos laborales ya cerrados, según lo anticipado desde el gobierno de Milei, se avecina una nueva ola de despidos a mitad de 2024, aunque no se sabe a cuántas personas afectará.


A mediados de 2023, un análisis de la fundación Mediterránea indicaba que Argentina empleaba a 20 trabajadores estatales por cada 100.000 ocupados, una relación que ponía al país sexto en la lista de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo por debajo de Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia y Francia.

En términos cualitativos, sin embargo, el país se coloca debajo de la mitad de la tabla en un índice del Banco Mundial que mide la eficacia de gobierno y donde obtuvo un puntaje de 41,9 sobre 100 en 2022.

Por su parte, sobre el cierre del año pasado, el Estado argentino tenía contratadas a 341.477 personas según datos revelados por el Indec.

 

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¿Qué criterio se utilizó para los despidos?

La última novedad sobre los recortes laborales tuvo impacto en el Servicio Meteorológico Nacional, donde 48 integrantes recibieron la noticia de su desafectación el 27 de marzo reciente.

La noticia generó un gran impacto ya que hay trabajadores del SMN despedidos con más de dos décadas de servicio, una situación que de todos modos no resulta extraordinaria: la ola de cesanteados sin justificación alcanza a varios organismos estatales.

Entre las áreas más afectadas por la resolución gubernamental de Milei figura la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: en esa dependencia se registraron 1.656 bajas, casi la mitad de las 3.600 registradas en todo el Ministerio de Capital Humano.

En el Conicet, el principal organismo de investigación científica de Argentina, se han registrado hasta el momento 140 despidos. Sin embargo los recortes también abarcan las becas doctorales —de las 1.300 de 2023 se ha pasado ahora a 600—. A eso se suma que el presupuesto para investigar es el mismo del año pasado con valores que no se equivalen con la actual inflación.

Los recortes también alcanzaron al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), donde hubo cese de contratos de empleados y de trabajadores autónomos vinculados al organismo.

En su última comparecencia pública, el portavoz presidencial aseguró que la selección de los empleados que iban a despedir fue un trabajo “extremadamente quirúrgico para no cometer errores, que nadie pierda su trabajo que no lo merezca”. Muchos trabajadores afectados, en cambio, opinan que se hizo al azar.

 

 

Más despidos en 2024

El clima de incertidumbre respecto a los despidos del gobierno de Milei rumbo al futuro abarca unos 50.000 trabajadores que no tienen un puesto fijo y se desempeñan en empleos públicos con contratos temporales.

Durante las últimas gestiones presidenciales esos empleos se renovaban de forma anual, pero muchos tienen vencimiento en junio próximo.

Aunque desde hace tiempo muchas personas intentan encontrar trabajo en una empresa privada, Argentina está en medio de una crisis económica y de desplome del consumo donde la mayoría de empresas no contrata, sino que reduce personal.

En enero, último mes con datos oficiales, la actividad económica cayó un 4,3% respecto a 12 meses antes, la peor contracción desde la pandemia de la covid.

 

 

Los argumentos del gobierno de Milei

A poco de asumir, Milei anunció que se avecinaba un importante recorte del personal estatal y como primera medida exigió un 100% de presencialidad, con el objetivo de desenmascarar a los denominados “ñoquis”, como se conoce a los trabajadores estatales ficticios.

Ese tipo de empleado, en muchos casos colocado por los partidos políticos, acude al trabajo en esporádicas oportunidades.

A punto de cumplir cuatro meses de mandato, la orden de Milei fue reducir entre el 15% y el 20% del personal estatal con contratos temporales. El argumento oficial es que Argentina es “un país empobrecido” con un Estado demasiado grande e ineficiente.


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