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Desde que asumió Milei, se redujo la planta estatal en 33.291 personas

El titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó un detalle sobre la evolución de los puestos de trabajo en el Estado argentino desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 y detalló que hasta septiembre pasado la planta estatal se redujo en un total de 33.291 personas.

La desvinculación de recursos humanos en el gobierno nacional ha sido una constante durante este 2024, una política que resultó particularmente alta en los primeros meses de gestión.


Cómo se redujo a planta estatal en Argentina durante 2024

Según detalla el gráfico expuesto el ministro, en enero se desvinculó a 7.607 personas y en abril fueron 7.000 agentes menos. Las cifras incluyen despedidos, ceses de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones.

“La única manera sustentable de bajar la carga de impuestos es bajando el gasto público. Todo el equipo del presidente Javier Milei trabaja para ello”, escribió el funcionario en un mensaje difundido desde su cuenta en la red social X.

“Acá el gráfico con la variación en la planta de empleados públicos actualizada a septiembre”, agregó al respecto Sturzenegger.

 

 

Del total de los puestos de trabajo eliminados, el funcionario nacional detalló que 20.026 pertenecían a la administración centralizada y descentralizada.

Después de eso Sturzenegger precisó que otros 2.251 se vinculan al personal militar y el de las fuerzas de seguridad y que un total de 11.014 pertenecían a diversas empresas del Estado.

 

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Además de la reducción de ministerios -solamente quedaron ocho, incluyendo el creado para Sturzenegger en julio-, se le sumó la eliminación de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE).

Después de eso los recortes en la reducción del Estado se aplicaron en otras dependencias como el Conicet, el INCAA, la Coneau, el INCUCAI, el ENACOM, la ANMAT y el INTA, todos incluido en un principio en la lista de la ley de bases como espacios pasibles de ser privatizados.




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