Hay paro universitario de 48 horas en toda la Argentina
Desde el frente sindical que agrupa a las diversas representaciones del sector universitario en Argentina resolvieron convocar a un paro de 48 horas para los días 17 y 18 de marzo en el marco del inicio del ciclo lectivo de educación superior en todo el país.
La medida tiene fundamento en el conflicto salarial que atraviesan los trabajadores universitarios, desde docentes hasta auxiliares, tras denunciar una gran pérdida del poder adquisitivo a lo largo de todo el años 2024.
Aumentos insuficientes por debajo de la inflación
Además de los desencuentros con el gobierno de Javier Milei por la falta de respuestas, los gremios universitarios sumaron un nuevo reclamo luego de los aumentos establecidos en los dos primeros meses de este 2025.
Los sindicatos consideran insuficientes las subas salariales del 1,5% en enero y del 1,2% en febrero otorgadas por el Estado, porcentajes que dañan los costos de vida en aumento.
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¿Quiénes se suman al paro universitario en Argentina?
En consecuencia, sin negociación salarial, el malestar en el sector se incrementó y eso derivó en el paro nacional de 48 horas.
A la medida de fuerza se adhieren diversos gremios de docentes y no docentes: la CONADU y la CONADU Histórica, dos de las federaciones más representativas del sector, ratificaron la huelga, al igual que asociaciones como la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ATUNPA).
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Más allá la cuestión salarial universitaria
El reclamo de las universidades no se limita a la cuestión salarial: desde las federaciones sindicales advierten que las entidades educativas superiores enfrentan un grave problema presupuestario, una situación similar a la vivida durante 2024, cuando hubo masivas movilizaciones de protesta.
Sin presupuesto aprobado en este 2025, el gobierno no definió un aumento en los fondos asignados a las universidades y se limita a gestionar el cálculo de gastos del año 2023.
La situación pone en riesgo el funcionamiento normal de las instituciones, el pago de servicios básicos y el financiamiento de los programas de investigación y becas estudiantiles.
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