Continuará el proceso judicial contra Ecoplata S.A. por el predio de residuos

Desde la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocaron la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata y reconocieron la legitimación activa de la fiscalía de Estado para promover acciones judiciales en defensa del medio ambiente contra la empresa Ecoplata ante el daño causado en el predio de disposición final de residuos sólidos urbanos situado en jurisdicción del partido de General Madariaga.

El conflicto judicial se extiende a lo largo del tiempo y el fallo de los jueces supremos ha sido considerado por parte del gobierno comunal a cargo de Carlos Santoro “una decisión trascendental para la municipalidad de General Madariaga”.

La causa se originó a partir de la grave situación de daño ambiental existente en el predio de disposición de residuos sólidos urbanos utilizados por las comunas de Madariaga, Pinamar y Villa Gesell.

 

Madariaga, Pinamar y Villa Gesell unifican el trabajo en el predio de residuos

 

El fallo de los jueces supremos bonaerenses en la causa contra Ecoplata

Con el fallo, la corte provincial, por mayoría, acogió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el fiscal de Estado, Hernán Gómez, y revirtió la sentencia que había desestimado su aptitud para accionar y anular una cautelar que ordenaba al municipio operar en forma directa la administración del predio.

El máximo tribunal bonaerense sostuvo que la pretensión de recomposición ambiental —además de trascender el interés particular para la municipalidad de General Madariaga— compromete de forma directa el interés público y el patrimonio ambiental de la provincia, legitimando al fiscal para intervenir en juicio como representante legal del Estado.

El fallo marca un punto de inflexión en la intervención del fiscal de Estado, al considerarla no solo procedente, sino necesaria: “No se trató de una actuación aislada ni caprichosa, sino de la expresión institucional del Estado provincial frente a una situación de daño ambiental extendido y persistente”, se cita específicamente en un tramo del texto.

 

 

La acción fue iniciada tras constatarse que la contaminación efectuada por la firma Ecoplata S.A. y los titulares registrales del predio, y ante la inacción de los responsables y el riesgo cierto a la salud de la población y los recursos naturales.

En consecuencia, la fiscalía de Estado podrá continuar el proceso judicial impulsado contra Ecoplata S.A. y los titulares del predio con el objetivo de obtener la remediación del daño causado.

Por último, la continuidad del juicio de reparación ambiental es de suma importancia, dado lo expresado continuamente sobre la improcedencia de establecer el valor de la expropiación sin considerar la contaminación ambiental sufrida por el predio durante varias décadas.

 

 

Cronología de los hechos en torno al predio de residuos de Madariaga

En un primer lugar, ni bien asumió, la gestión del intendente Santoro trabajó para conseguir que el predio de disposición final de la ruta 11 sea propiedad de la municipalidad General Madariaga.

Vale recordar los conflictos que se tuvo años atrás con la firma Ecoplata, la cual operaba en el predio de dominio privado incumpliendo todas las obligaciones del contrato referidas al saneamiento y remediación del lugar, afectando enormemente al medio ambiente de toda la zona de trabajo. A ello se sumaba los conflictos existentes de esa firma con los municipios vecinos a los que también les hacía la recolección.

Es por eso que, en el año 2018, el municipio decidió rescindir el convenio con dicha empresa, iniciar una demanda por contaminación y comenzar a administrar y controlar el tratamiento de residuos del predio, a fin de reparar el daño ambiental causado por el uso desmedido del mismo y la falta de control de la administración anterior.

 

 

Programa de remediación paralizado

Además, se entró en un programa de remediación del estado nacional con la anterior gestión, con financiamiento internacional, que los avatares políticos y económicos del país han demorado, dado que dicha remediación excede al municipio de General Madariaga por ser el predio un lugar de disposición de toda la región.

Después de eso, en 2020, tras la presentación de un proyecto de ley para conseguir la expropiación del basural, se consiguió la aprobación por unanimidad de los diputados bonaerense y días más tarde, se lograba que dicha aprobación sea ley por sanción del senado.

Finalmente en agosto del 2024 se dio a conocer la sentencia del juzgado contencioso administrativo de la ciudad de Dolores por la cual se declaraba expropiada la parcela en favor de la comuna de General Madariaga. Así mismo, la justicia dispuso una indemnización a favor del propietario de la parcela por una suma en moneda estadounidense, la cual el municipio apeló dado que no se consideraba el grave daño ambiental que tiene el lugar.