“Lo que no me entra en la cabeza es cómo puede ser que el gremio no haya iniciado acciones legales contra El Último Querandí”. La frase la pronunció el representante legal de la nueva firma a cargo del transporte público en Villa Gesell, Mario González. El abogado se preguntó “quién está defendiendo los derechos de esos trabajadores que quedaron en la nada”.
González mantuvo una comunicación telefónica con el programa Nexos, que se emite por canal 2, y apuntó no solo a los responsables de la empresa El Último Querandí por no asumir sus responsabilidades para con los trabajadores, sino también a la UTA por la postura adoptada.
En esta línea, sostuvo que el “real conflicto” se produjo el 6 de febrero cuando la empresa que prestaba el servicio solicitó la rescisión del contrato. “A partir de ese día, los trabajadores quedaron desvinculados completamente de la empresa. Al haberse presentado la caducidad de la concesión es como hacer un abandono del trabajo, dejando a todos los trabajadores con una incertidumbre laboral, concreta, cierta y manifiesta”, remarcó.
En cuanto a la participación de Nacus, el representante legal entendió que no es continuadora de la concesión, sino que mantiene una nueva relación con el municipio. La única salvedad que la une a la exconcesionaria, según González, es la cláusula 25 del contrato que establece la preferencia de contratación hacia los exempleados de El Último Querandí.
“Lo que ha intentado hacer la UTA, es utilizar una figura de la ley de contrato del trabajo que habla de transferencia de empresas. Nacus jamás ha sido continuador de la relación laboral que tenían los choferes y empleados administrativos ni técnicos”, aclaró.
Asimismo, agregó que “las obligaciones indemnizatorias las tiene que abonar El Último Querandí”, dado que “son los únicos responsables de lo que están padeciendo estos trabajadores”. “Lo que no me entra en la cabeza es cómo puede ser que el gremio, un gremio tan prestigioso, histórico, desde el momento en que presenta la caducidad no haya iniciado acciones legales contra El Último Querandí”, sentenció luego.
En esta línea, González remarcó que de los 88 trabajadores, “una sola persona empezó una demanda por despido y ha quedado estancada”. “Me pregunto quién está defendiendo los derechos de esos trabajadores que quedaron en la nada”, insistió, mientras recalcó que “el derecho de preferencia en la contratación ha sido vapuleado y vulnerado por la asociación gremial”.
“Nunca nos permitieron tener contacto con los trabajadores. Nadie ha realizado nada por estos trabajadores, por defender el patrimonio de la empresa, que en enero facturó más de 10 millones de pesos, más el cobro de subsidios. ¿Cómo puede permitir la UTA que el empresario Gustavo Pereyra haya embolsado más de 12 millones de pesos y no haya cubierto las obligaciones que tenía con sus empleados, a los que ha dejado se situación de abandono”, se preguntó al concluir.
