Y un día, largo tiempo después de la sanción de la ley en marzo de 2017, el Estado publicó en el Boletín Oficial a través de la resolución 59/2019 las reglas que deberán cumplir los cultivos de cannabis medicinal a gran escala en la Argentina.
La medida supone un gran aval al desarrollo de una actividad que hasta el momento se mantiene entre muchos grises en algunas provincias argentinas pero que en el mundo no para de ampliarse, con múltiples casos de referencia.
Según detalló la revista especializada THC, la resolución establece que todo tipo de actividad productiva relacionada con el cannabis deberá obtener autorización del Instituto Nacional de Semillas (Inase), dependiente de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria.
Además aclara que los proyectos de producción deben contar con un responsable técnico, quien tendría que informar los procedimientos de cultivo, el destino y el almacenamiento de la cosecha.
El paso se da en un contexto en el que la OMS pidió el fin de la prohibición del cannabis para uso medicinal y los usuarios reclaman la reglamentación urgente del autocultivo, un punto vital aún sin resolver y que obliga a las personas que cultivan su medicina a enfrentar allanamientos, detenciones y procesos judiciales en su contra por buscar garantizar su derecho a la salud o el de otros.
