El proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito, otra vez al Congreso
Por octava vez, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presenta un proyecto ante el Congreso de la Nación para legalizar la práctica de interrupción voluntaria del embarazo. Se realizaron modificaciones sobre la iniciativa tratada el año pasado, que no logró avanzar en la Cámara de Senadores.
Para acompañar la elevación de la propuesta, además de una gran movilización al Congreso, se preparan pañuelazos en más de 100 ciudades de todo el país, con el objetivo de visibilizar la problemática del aborto clandestino y que la legalización vuelva a ser protagonista, especialmente en este año electoral.
El proyecto de ley busca despenalizar y legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación y, para después de ese plazo, siempre que corra riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.
Será el sistema de salud, público, privado y de obras sociales, el encargado de garantizar ese derecho, mientras que la iniciativa establece que las prestaciones deberán estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio.
A diferencia del proyecto que el año pasado fue abordado en Diputados y obtuvo media sanción, en esta oportunidad se quitó como causal de aborto las “graves malformaciones fetales”. Tampoco se incorporó la legalización para los casos de “fetos incompatibles con la vida extrauterina”.
Del texto se desprende que la exigencia es por una despenalización total para que en ningún caso se pueda criminalizar a quien se someta a un aborto. Asimismo, establece que la práctica se debe garantizar dentro de los 5 días de haberse requerido.
Por otra parte, la nueva propuesta incorpora asesorías para quienes soliciten la interrupción voluntaria del embarazo para que puedan recibir información objetiva y precisa sobre la práctica. Afuera del proyecto de ley quedó todo lo vinculado a la objeción de conciencia.
Lo que sí se sumó es un apartado especial para profundizar en la Educación Sexual Integral, con énfasis en la responsabilidad de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, para aplicarla y fortalecerla.