El presidente Alberto Fernández encabezó la presentación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Se trata de un programa de implementación activa de políticas contra la violencia por motivos de género, que se extiende desde junio de este año hasta junio de 2022, y que incorpora los derechos establecidos en la ley de Identidad de Género.
Según las autoridades, el plan nacional plantea, además, “un cambio de paradigma en relación con el abordaje sobre la materia en la medida en que implicó un proceso participativo y federal para su elaboración, que incluyó la participación de la sociedad civil, organizaciones políticas, comunitarias, sociales y sindicales”.
Durante la actividad, la ministra Gómez Alcorta anunció la implementación de 144 medidas entre las que mencionó la creación del programa Acompañar para la asistencia integral de personas en situación de violencia, y la conformación de 12 centros territoriales de políticas de género en todo el país, que se gestionarán con las provincias y los municipios.
También, informó que se optimizará y modernizará el acceso a la línea telefónica 144, con políticas de difusión e inclusión de recursos humanos para mejorar y ampliar su funcionamiento.
Un femicidio cada 29 horas: 177 niños y niñas se quedaron sin madre en 2020. https://t.co/7QDoSEwaQh pic.twitter.com/DDEXmp8Mek
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En esta línea, se creará el Registro Nacional de Promotores y Promotoras de Géneros y Diversidad a nivel comunitario para articular acciones de prevención y asistencia entre el territorio y el Ministerio nacional.
“El objetivo del Programa es colaborar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y con menores niveles de discriminación y violencia contra las mujeres y personas LGBTI+”, resumieron las autoridades.
Un plan ambicioso
Desde la residencia de Olivos, el Presidente remarcó que éste es un “plan ambicioso porque debemos ser ambiciosos si no queremos ver más cómo las mujeres sufren y mueren a manos de los violentos”.
“No podemos mirar impávidos que las mujeres tengan peores condiciones de trabajo que los hombres”, agregó el mandatario, quien destacó la importancia de entender que “la igualdad es una práctica y una conducta cotidiana que debemos asumir”.
Fernández también instó a “ayudar a un cambio que la sociedad entera debe llevar adelante, porque objetivamente esto nos obliga a reeducarnos como sociedad y a entender todo lo penoso y dañino que ha sido creer que algunos estamos en mejores condiciones que otras”.
Más que una hoja de ruta
Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad agradeció a todos aquellos que participaron de la elaboración del plan y destacó que hubo más de 1.600 propuestas por parte de organizaciones sociales, los ministerios y de organismos de la sociedad civil.
“Este es un plan construido en un tiempo particular e implica más que una hoja de ruta porque el Estado tiene la obligación de dar condiciones subjetivas y materiales para que las personas en situación de violencia puedan ser protegidas”, subrayó Gómez Alcorta.
Ley Micaela: impulsan las capacitaciones obligatorias en género en La Costa. https://t.co/T8SvtV9bcE pic.twitter.com/gaQ7dS4w2G
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En tanto, la asesora presidencial Dora Barrancos, enfatizó en “la transversalidad del programa”, porque “no se puede realizar desde un solo ministerio, sino con la acción conjunta de todo el Gobierno”. “Sin prevención no habrá eficacia en ninguna intervención del Estado en asistir y acompañar”, acotó.
Condiciones estructurales
La iniciativa, que emana del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, es un plan integral que se propone abordar de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional una problemática estructural como son las diferentes violencias contra las mujeres y personas LGBTI+.
Asimismo, el nuevo Plan Nacional de Acción, a diferencia de los anteriores, incorpora los derechos establecidos en la ley de identidad de género y cuenta con más de 100 compromisos de responsabilidad de otros ministerios y agencias del Estado.
El gran objetivo es modificar las condiciones estructurales que sostienen las situaciones de violencia y, en ese sentido, se impulsarán políticas públicas que permitan crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo.
Principales medidas
- • Creación del Programa “Acompañar”, de asistencia integral para personas en situación de violencias por motivos de género.
- • Creación de Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país.
- • Creación de la Mesa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género.
- • Desarrollo de un programa de modernización, optimización y difusión de la Línea144.
- • Creación de un sistema digital para emergencias en casos de violencias por motivos de género para los gobiernos locales.
- • Creación del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG).
- • Creación del Programa para el Apoyo Económico Urgente y la Asistencia Integral Inmediata para Familiares en casos de Femicidio, Travesticidio y Transfemicidio.
- • Programa de Apoyo y Fortalecimiento de la Red de Hogares, Refugios y Dispositivos de Protección Integral.
- • Implementación del Programa Potenciar Trabajo para personas en situación de violencias por motivos de género.
- • Creación del Programa Nacional de Prevención de las Violencias por Motivos de Género.
- • Creación del Programa Generar para el fortalecimiento institucional de áreas de género del sector público nacional y subnacional.
- • Creación del Programa Articular para el apoyo y fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias de género y diversidad.
- • Creación del Registro Nacional de Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad a Nivel Comunitario.
- • Relanzamiento del Programa de Escuelas Populares de Género y Diversidad.
- • Fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).
