Vidal impulsará un “pacto fiscal” con intendentes y recortes en la Legislatura
Busca bajar el gasto en los municipios bonaerenses con una serie de requisitos para acceder al financiamiento provincial. Además, la gobernadora pretende aplicar recortes presupuestarios en la Legislatura, modificaciones en la ley de jubilaciones especiales y una reducción de estructuras del Estado.
Según un informe elaborado por el sitio especializado en política Letra P, junto con los proyectos de presupuesto y ley impositiva, María Eugenia Vidal enviará a la legislatura una ley denominada “pacto fiscal” con las 135 intendencias de la provincia.
De acuerdo a la publicación, la normativa establece cuatro reglas que deberán cumplir los jefes comunales para recibir asistencia del Estado bonaerense. Una de las condiciones es que el gasto corriente no crezca más que la inflación. Asimismo, la planta de empleados municipales no podrá crecer más que la población de la comuna.
Por otra parte, las deudas contraídas por los municipios no deberán superar el ocho por ciento del gasto corriente y, por último, los intendentes no podrán incrementar el gasto corriente con carácter permanente en el último semestre del año en que termina su gestión. El sitio Letra P reveló además, que la mandataria buscará que los intendentes bajen las tasas municipales con una “invitación” a que “armonicen” los tributos locales.
En cuanto al recorte a la Legislatura, Vidal buscará reducir los presupuestos de ambas cámaras provinciales para generar un ahorro de unos 2 mil millones de pesos, para ser utilizados en obra pública.
El paquete de leyes incluirá además dos iniciativas que apuntan a reducir algunos privilegios y mostrar más “transparencia”. La publicación indicó que una de ellas establece la reforma al régimen jubilatorio especial para los jefes de Estado, vicegobernadores y legisladores, y otra extiende a los parlamentarios la obligación de presentar la declaración jurada anual.
En cuanto a la estructura del Estado, la Gobernadora también busca una reducción de los cargos políticos distribuidos en secretarías y subsecretarías, con la fusión de espacios, a fin de ahorrar aproximadamente 500 millones de pesos.