Interpelaron al secretario de gobierno por los chiringos ilegales en Cariló
La particularidad del caso radica en que los titulares de los dos chiringos montados ilegalmente en las playas de Cariló durante la última temporada se encuentran relacionados con los funcionarios a cargo de la fiscalización en Pinamar. Se esperaba la presencia del intendente Martín Yeza, pero fue el secretario de Gobierno, Guillermo Benítez, quien acudió a la sesión especial convocada por decreto a dar las explicaciones pertinentes.
Dado que tanto los procesos en el Concejo Deliberante como las presentaciones ante la Justicia fueron realizadas por el bloque Propin, fue el concejal Guillermo Migliorini el principal expositor y quien llevó adelante la primera parte de las preguntas, que luego continuaron otros ediles. Como conclusión, desde el arco opositor pidieron la renuncia del director de Fiscalización Pablo Bertozzi.
Al inicio del encuentro, que duró más de dos horas, Migliorini –además de lamentar la ausencia de Yeza- hizo una síntesis de los casos concernientes a la interpelación. Cabe recordar que durante la última temporada se detectaron dos chiringos instalados en Cariló montados de manera irregular y sin habilitación.
El apoderado de la firma que explotaba uno de ellos es el padre del por entonces subsecretario de Fiscalización, Sebastián Manrique, a quien estos hechos le costaron el cargo, dado que renunció tras ser denunciado. El otro chiringo pertenecería a un amigo de Bertozzi, titular del área y tío del jefe comunal, según se documentó a través de las redes sociales.
Desde el Concejo Deliberante se debatió el tema en diversas oportunidades y se pidieron varios informes al Ejecutivo, pero al no conformar las respuestas obtenidas, finalmente se utilizó el mecanismo de interpelación.
En este marco, y ante las preguntas de rigor, el secretario de Gobierno de Pinamar defendió a la gestión, a los agentes que intervinieron en los procedimientos y el accionar desarrollado, aunque asumió el “escaso poder de policía que tiene el Estado” y “deficiencias” administrativas que se arrastran desde hace años y gestiones anteriores.
Preguntas y respuestas
Benítez fue consultado acerca de porqué se demoró tanto detectar dos chiringos ilegales montados prácticamente en las pasarelas de acceso a la playa de Cariló. Su respuesta fue que solo dos inspectores cubren unos 10 kilómetros de playa y que era “imposible” ver las estructuras “desde la línea de costa donde trabajan los inspectores”.
Asimismo, Migliorini preguntó acerca de la “liviandad” con que se abordaron los casos dada la falta de clausura y secuestro de mercadería y mobiliario. En este sentido, el funcionario consideró que se actuó conforme a la normativa vigente y aplicando el “principio de razonabilidad” por lo que primero se intimó al cese de actividad y, logrado este cometido, no se consideró necesario avanzar.
De hecho, como ambos chiringos se encontraban en sectores linderos a emprendimientos hoteleros, Benítez entendió que por indivisible, el agente debía clausurar también los hoteles. “Sería desmedido que se proceda a clausurar un hotel en plena temporada por descubrimiento de una construcción precaria que hace venta ilegal”, consideró.
El secretario de Gobierno, no obstante, asumió que las actas y actuaciones de los agentes municipales que intervinieron mantenían “vicios en cuanto a la forma”. Por eso, Migliorini consultó por qué no se iniciaron los sumarios administrativos correspondientes. “Un obrar negligente no puede desvirtuar todo lo bien que han hecho”, respondió Benítez.
Respecto al parentesco del apoderado de la firma que explotaba uno de los chiringos –Marcelo Manrique– con el exsubsecretario de Fiscalización, en principio Benítez se amparó en un tecnicismo. Aseguró que se confundía a la persona física –Manrique padre- con la persona jurídica –Demiford SA-, pero ante la insistencia del concejal de Propin, deslindó en la Justicia la responsabilidad de determinar si “se procedió mal por parentesco”.
En cuanto al otro chiringo clandestino, cuyo responsable -Matías Astrada- tendría una relación de amistad con el director de Fiscalización, el secretario de Gobierno minimizó el vínculo y entendió que era erróneo “juzgar la cercanía con una persona que uno ve eventualmente”. Es decir que para el funcionario, la vinculación de infractores y los encargados de controlar es mera casualidad.
Tras escuchar las explicaciones de Benítez y al concluir, Migliorini consideró que “corresponde pedir el alejamiento de Bertozzi de su cargo”, dado que “quedó demostrado que también es responsable de las graves irregularidades”.
“Exigimos que no se apañe más a funcionarios que hacen mal las cosas, no importan si son familiares o amigos. Pinamar necesita una gestión transparente con funcionarios idóneos”, concluyó.
Por su parte, Benítez entendió que “el intendente ha designado a sus funcionarios conforme a su ámbito de confianza” y que “la labor que han hecho fue correcta y muy buena”. “No es sano que un concejal le diga a un intendente cómo debe conformar su gabinete. No tenemos potestad para exigir eso. Si hay una connivencia, la va a determinar la Justicia”, remató.