Condenan a los hijos de un represor por delito de lavado de activos

Marcelo Leonardo, María Natalia, María Eugenia y Ana María Save, hijos del represor y genocida Miguel Save, fueron condenados por el delito de lavado de activos. Deberán pagar más de 10 millones de pesos cada uno de ellos.

Así lo dispuso el Tribunal Federal N° 1 de Mar del Plata, que además ordenó que los inmuebles ubicados en Chascomús sean decomisados, y entregados a la Provincia. El juez Roberto Falcone señaló que allí se realizarán “tareas vinculadas a la memoria sobre el terrorismo de Estado”.

Se trata del primer juicio por lavado de activo vinculado con delitos de lesa humanidad y que terminó en la condena de los hijos del represor Save. El genocida era integrante de la patota de la ‘Banda de Aníbal Gordon’. 

En cuanto a la cesión de terrenos a la Provincia, el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, destacó la decisión judicial. “Esto ocurre a pesar de que el gobierno nacional intenta negar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura”, enfatizó el funcionario.

 

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La causa

El represor Leonardo Miguel Save, integrante de la patota que dirigía Aníbal Gordon que operaba en el centro clandestino “Automotores Orletti”, secuestró al dirigente uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez en el marco del Plan Cóndor en 1976.

Según se comprobó, le robó más de dos millones de dólares. Con ese dinero, compró estos terrenos en un barrio a la vera de la laguna de Chascomús, donde intentó construir un complejo residencial exclusivo.

En su alegato, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense -querellante en la causa Save- y la fiscalía habían solicitado condenas de entre 3 y 5 años de prisión para los hijos de Save, por entender que no podían desconocer la procedencia de ese dinero.

 

 

Lavado de activos

Durante la investigación se determinó que la compra de los terrenos se realizó a través de apoderados y nombres falsos. En el año 1999 el represor Miguel Save comenzó a realizar gestiones para poner a su nombre los valiosos terrenos. 

Tras su muerte, ocurrida en 2006, fueron sus hijos, hoy condenados, quienes continuaron con esa tarea. En el año 2008 y luego de varias maniobras irregulares, los hermanos Save pudieron escriturar las parcelas, que por decisión de la justicia, quedarán en manos de la subsecretaría de Derechos Humanos provincial.

“El lavado de dinero es un delito permanente”, indicó el juez Falcone al leer el veredicto condenatorio sobre los hijos de Save.