Estafa, pérdidas y mal desempeño de Milei: informe del caso $Libra en Diputados

La comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el escándalo $Libra y el rol del presidente Javier Milei presentó su informe final: concluyó que los hechos analizados serían compatibles con una presunta maniobra de estafa. 

Según el documento, el mandatario habría tenido un rol imprescindible en la promoción del activo digital que terminó generando pérdidas en más de cien mil billeteras. También afirmó que existen elementos que permiten evaluar un eventual mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

El informe indicó que el mandatario difundió un número de contrato que no era público y cuya procedencia aún no se explicó. Ese dato refuerza, según la comisión, la hipótesis de un vínculo previo con los creadores del token.

 

Damnificados por la estafa $Libra señalan el rol de Milei en el fraude

 

 

Fuertes pérdidas

Los análisis técnicos señalaron que Libra funcionaba como una ‘memecoin’ diseñada para un “tirón de alfombra”, lo que provocó fuertes pérdidas para miles de usuarios. Entre ellos, casi quinientas personas perdieron más de cien mil dólares.

La comisión destacó además que el presidente afirmó que solo unos pocos argentinos habían operado el token. Sin embargo, la empresa Ripio informó que más de mil usuarios locales participaron solo en esa plataforma. En total, el relevamiento registró más de cien mil billeteras afectadas en distintas exchanges.

 

 

El documento remarcó la ausencia de controles estatales previos y la repetición de patrones ya observados en otros proyectos cripto vinculados a los mismos nombres. También señaló vínculos financieros directos entre los involucrados y mencionó transferencias que coincidirían con un posible acuerdo de monetización de la imagen presidencial.

En tanto, la comisión citó una resolución judicial de Estados Unidos que mencionó la posible titularidad de fondos por parte del presidente y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. 

En sus conclusiones, se recomendó que el Congreso evalúe las responsabilidades políticas derivadas del caso y anunciaron denuncias contra funcionarios que no colaboraron con la investigación. Además, se enviará toda la información al juzgado que lleva la causa para avanzar en las determinaciones penales.