Coimas en discapacidad: Milei cierra la agencia tras el escándalo de corrupción

El gobierno de Javier Milei anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego del escándalo desatado en su gestión por los audios del entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, que revelaron la existencia de un sistema de coimas y recaudación de sobornos en la compra de medicamentos a través de la droguería Suizo-Argentina en el que quedó directamente involucrada la hermana del presidente.

Según informó sobre el cierre del 2025 el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en rueda de prensa, toda la política de discapacidad y la gestión de las pensiones de invalidez pasará a manos del Ministerio de Salud de la Nación.

 

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La investigación por las coimas en discapacidad del gobierno de Milei

La causa judicial se inició en agosto luego de que la citada empresa incrementara el dinero que recibió de la ANDIS de 3.898 millones de pesos en 2024, a 108.000 millones de pesos en 2025, es decir, un aumento del 2.678% (supuso pasar de alrededor de tres millones de dólares a unos 80 millones).e

Spagnuolo involucró en la red de corrupción a la secretaria de la presidencia Karina Milei, y a su subsecretario de gestión institucional, Eduardo Menem. Aunque el encargado de la agencia fue cesado del cargo y es uno de los imputados en la causa, ninguno de los Milei ha sido acusado hasta el momento por el juez Sebastián Casanello.

La investigación judicial busca esclarecer si existió o no una red de compra de medicamentos con sobreprecios de hasta el 8% que quedaban en manos de empresarios y políticos cercanos a Milei.

 

 

La ANDIS pasa a la estructura ministerial en salud

De acuerdo a lo expuesto por Adorni, el motivo para cerrar este ente autárquico fue su opacidad. “Acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, declaró el funcionario. Entre las irregularidades detectadas en el organismo, el funcionario enumeró: “Personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida y médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico”.

Ahora, con sus funciones bajo la órbita del ministerio, según Adorni, “se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”.

 

Querido Jonathan: desde aquel “twit” hasta hoy, el Gobierno Nacional actualizó el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad entre un 29,7% y un 35,4% dispuesto en tres tramos: octubre, noviembre y diciembre. Fuente: https://t.co/bodPNTPuvm

Y por cierto, aunque… https://t.co/VFACaKq8ov

— Manuel Adorni (@madorni) December 30, 2025

 

La previa al cierra de la ANDIS

Durante los últimos dos años, el gobierno de Milei arremetió en varias ocasiones contra la ANDIS y las supuestas irregularidades detectadas en ella. En 2024, el propio Adorni como portavoz presidencial, llegó a informar que habían detectado una pensión de invalidez otorgada a alguien que presentó como evidencia la radiografía de la cola de un perro. Resultó algo falso: ese expediente estaba rechazado y el actual jefe de gabinete se desdijo.

Otro de los episodios resonantes ocurrió cuando, aún al frente de la ANDIS, Spagnuolo se reunió con Ian Moche, un niño autista de 12 años, y con su madre. Tras cuestionar que el Estado deba hacerse cargo de las personas con discapacidad en vez de que lo haga la familia, Milei apoyó a Spagnuolo, quien fue su abogado personal antes de ser nombrado en el cargo, y acusó al menor de ser kirchnerista.

A lo largo del 2025, el gobierno comenzó un proceso de revisión de todas las pensiones por discapacidad y suspendió a más de 1.000 beneficiarios. Un par de meses después, un juez ordenó la restitución de todas ellas en medio de denuncias por irregularidades en la auditoría oficial.

La negativa del Ejecutivo a actualizar los honorarios de los prestadores de servicios en discapacidad durante más de diez meses —con una inflación acumulada de más del 30%— dejó tratamientos en suspenso y obligó a las familias a cargo a pagar por ellos. Para hacer frente a esa situación, la oposición forzó la aprobación de una ley de emergencia en discapacidad, pero Milei se negó a aplicarla. Pese a los intentos de La Libertad Avanza de evitarlo, la financiación para cumplir con esa normativa quedó finalmente incluida en el presupuesto 2026.