Así lo determinaron los peritos caligráficos de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación que se lleva adelante por los aportantes truchos de Cambiemos durante las elecciones legislativas de 2017.

Según informó el diario Perfil, en la causa se acumulan las pruebas de falsedad ideológica. A la auditoría interna realizada por la Cámara Nacional Electoral –que confirmó que en el listado de aportantes figuran beneficiarios sociales, empleados públicos y empresas privadas- se corroboró ahora que casi el 90% de las fichas de afiliación al PRO analizadas son falsas.

Por otra parte, la publicación del periódico nacional advirtió que la investigación podría tomar otro curso fuera del ámbito penal por pedido del fiscal federal Carlos Stornelli –quien también lleva la causa de los cuadernos de las coimas durante el kirchnerismo-, que busca que el expediente sea derivado a la Justicia Electoral.

En este sentido, el fiscal le pidió al juez Sebastián Casanello que se declare incompetente en la causa por lavado de dinero y falsedad ideológica, a fin de que el asunto sea tratado como una irregularidad electoral. Esto implica que no se investigue el origen de los fondos de campaña de Cambiemos.

Cabe recordar que el escándalo de los aportantes truchos en las filas oficialistas fue destapado por el periodista Juan Amorín, quien descubrió la utilización de los datos personales de beneficiarios de programas sociales para hacerlos pasar por aportantes de campaña. Luego también se descubrió que entre los aportantes de 2015 figuran las listas enteras de candidatos oficialistas en más de 80 municipios –muchos de ellos negaron haberlos hecho- y hasta empleados de empresas públicas proveedoras del Estado.

El caso por el momento solo se cobró una víctima: la contadora general de la provincia de Buenos Aires, María Fernanda Inza, tuvo que renunciar por pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal –presidente del PRO bonaerense- por su rol como tesorera del partido.