Una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana tuvo lugar este sábado en la plaza Carlos Idaho Gesell. Como desde 2012, fue organizada por la Agrupación de Cannabicultores de Villa Gesell, y contó con una muy buena convocatoria.
En el espacio de Paseo 111 y avenida 3 se pudo disfrutar de una jornada entretenida, pero fundamentalmente informativa y de reclamo. En este marco, se volvió a pedir por la despenalización del cannabis para todos sus usos, libertad para los cultivadores privados de su libertad y no más presos por plantar.
Marcha Mundial de la Marihuana en la plaza Carlos Idaho Gesell (Fotos Ricardo Stinco).
Como cada año, la Marcha Mundial de la Marihuana en Villa Gesell es, además, una buena oportunidad para sacudirse el prejuicio y acercarse a escuchar una demanda que ya es global respecto del uso del cannabis y la importancia de su regulación.
“Conoce a toda esa gente que como vos, al principio nos tenía idea y hoy nos abraza por la calle. Somos gente común, como vos, la vecina y el quiosquero. Nos levantamos temprano a trabajar -porque los usuarios de cannabis también trabajamos-, pagamos impuestos, algunos tenemos hijos”, señalaba la invitación de la Agrupación de Cannabicultores geselina.
Música, información y arte en la tarde geselina (Fotos Ricardo Stinco).
Al caer la tarde, la organización hizo entrega de diplomas a aquellas personas que colaboran con la causa y acompañan. Entre ellas, se distinguió a Lorena Rossi, titular del área de Derechos Humanos de la municipalidad de Villa Gesell. “Es lo que tenemos que hacer, tiene que ver con la conquista de derechos”, recalcó.
Apoyo institucional
Vale destacar que también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Tuyú Sur manifestó su apoyo a todas las movilizaciones de la región a realizarse en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana.
Desde la entidad reflexionaron sobre la importancia de contar con una legislación que contemple el autocultivo y por la plena implementación de la ley de cannabis medicinal sancionada en 2017. “El Estado argentino tiene la obligación de incluir este tema en sus agendas, y tratarlo con la mayor de las seriedades y la adquisición de la correcta información que merece”, sentenciaron.
