La municipalidad de Pinamar deberá aplicar el cupo laboral trans
El bloque Cambiemos promovió una ordenanza para implementar en el ámbito municipal de Pinamar el cupo laboral trans, la cual fue aprobada por unanimidad –aunque con abstenciones incluso dentro de la bancada oficialista- este viernes en la última sesión del Concejo Deliberante. Al adherirse a la Ley Provincial N° 14.783, al menos el 1% del personal deberá pertenecer a la comunidad trans.
La concejal Camila Merlo fue la impulsora de la norma que busca garantizar que el municipio de Pinamar ocupe, en una proporción no menor al 1% de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero.
También se tendrán que establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la “igualdad real de oportunidades en el empleo público”.
En este sentido, la flamante normativa indica que el Ejecutivo –hoy a cargo del intendente Martín Yeza- deberá acompañar “ofreciendo posibilidades a aquellas personas travestis, transexuales y transgenero que no hayan alcanzado los estudios secundarios, con la condición de cursar ese nivel educativo y finalizar el mismo mientras se garantiza su derecho al trabajo”.
Argumentos
La ordenanza pinamarense está basada en la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, la cual “se encuentra a la vanguardia a nivel internacional por reconocer el derecho al libre desarrollo personal en función de la identidad de género autopercibida”, según argumentaron los ediles en el proyecto.
Villa Gesell implementará el cupo laboral trans en la municipalidad. https://t.co/f8mN0OtchC pic.twitter.com/xNsqlKJB6c
— Telégrafo (@telegraficos) June 19, 2019
También encuentra su fundamento en la Ley Provincial 14.783 de Cupo Laboral para Personas Trans –a la cual adhiere formalmente el municipio a partir de esta norma- que fija para el ámbito público bonaerense (incluidas las municipalidades) la obligación de ocupar personas travestis, transexuales y transgénero “que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal”.
“Toda legislación no produce cambios significativos por sí sola sino que debe ser acompañada de políticas públicas orientadas a los fines que se proponen. La Ley de Identidad de Género necesita ineludiblemente de acciones del Estado para su acabado cumplimiento”, se enfatizó en los considerando del proyecto.
En esta línea, se remarcó que actualmente “las y los ciudadanos travestis, transexuales y transgéneros continúan encontrando en la prostitución el único medio de supervivencia”, mientras que la expectativa de vida de este colectivo aún hoy no es mayor a los 40 años.
“El Estado municipal debe tomar parte en esta reparación histórica de derechos. Si el Estado no lo hace, las travestis son abandonadas y destinadas a sobrevivir en las zonas rojas de la prostitución, en donde su vida corre peligro cada noche. Esta Ley de empleo digno y formal es una deuda que tenemos como sociedad con una población históricamente vulnerada”, se concluyó.