Yeza sobre el fraude con tarjetas Alimentar: “Se trata de un delito aberrante”

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, publicó una ‘carta’ dirigida a la comunidad para referirse al fraude que tuvo lugar en el distrito con las tarjetas Alimentar y que significó un perjuicio de alrededor de 2 millones de pesos contra el Estado y familias vulnerables.

El jefe comunal ratificó que la gestión se encuentra a disposición de la Justicia y colabora con la causa, mientras hizo algunas aclaraciones basado “puramente en el expediente judicial”.

Cabe recordar que la estafa realizada en Pinamar desde las oficinas de una dependencia de la secretaría de Desarrollo Social ya tiene seis personas detenidas, dos de ellas empleadas municipales, y que por el Concejo Deliberante comenzaron a desfilar funcionarios para indagar en las responsabilidades políticas del caso.

 

 

Precisamente son éstas las que niega el intendente Yeza en su ‘carta’, difundida entre la prensa y las redes sociales.

“Se trata de un delito aberrante porque se realiza sobre los derechos de familias verdaderamente necesitadas, en un contexto difícil como el actual”, señaló en principio el jefe comunal de Pinamar.

 

Indignación en Pinamar tras conocerse fraude con las tarjetas Alimentar (Fotos Ricardo Stinco).

 

Luego, el mandatario local ratificó, aunque sin nombrar a Nora Ponce, que “la denuncia judicial se realiza por una funcionaria municipal del área de Acción Social”. 

“No es cierto que haya otra denuncia realizada por terceros, no es cierto que alguien más haya realizado la denuncia”, enfatizó el referente de Juntos por el Cambio al hacerse eco de las versiones que indicaban que todo habría comenzado con una denuncia anónima.




En este sentido, Yeza agregó que durante su gestión “hemos sido en más de una oportunidad los denunciantes de todas las irregularidades que hemos detectado, y seguiremos actuando de esta manera”.

Por otra parte, el intendente de Pinamar dejó en claro que hasta el momento “no hay funcionarios detenidos ni procesados”, sino que los sospechosos de haber cometido el delito son empleados municipales.

 

 

En este punto vale mencionar que durante su exposición ante el Concejo Deliberante, el secretario de Desarrollo Social Javier Tumas detalló que de las dos empleadas detenidas, una pertenece a la planta mensualizada y la otra fue contratada por el artículo 70, es decir, en calidad de asesora y nombrada directamente por Ponce, responsable del área de Gestión y Coordinación Territorial.

Como último punto, Yeza indicó que la denuncia se realizó hace 90 días y “en ese momento no se tenía la información sobre las personas involucradas”, lo que se determinó “con las investigaciones y los allanamientos posteriores”.




“Necesitamos creer en la Justicia, necesitamos creer en que la única forma de progresar es si la Justicia actúa de manera independiente y libre. El lugar en el que se tienen que resolver las investigaciones y las penas a los que delinquen es la Justicia”, acotó luego.

Al finalizar, el intendente aseguró que el fiscal y el juez de Garantías de la causa “están realizando un muy buen trabajo y en tiempo récord”. “Tienen el apoyo de mi equipo y el de muchos pinamarenses”, concluyó.

 

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