La recesión económica podría hacer retroceder 2,4% el PBI
Luego de una última semana frenética, el gobierno nacional anunció un paquete de medidas para contener la crisis económica con las que busca llegar al déficit cero en 2019, en un intento por convencer al FMI y a los mercados de que el plan económico sigue siendo viable.
Entre las resoluciones más importantes se destaca la decisión de gravar las exportaciones primarias —en las que figuran soja, maíz y trigo, los tres principales cultivos— con cuatro pesos (casi 0,10 centavos de dólar) por cada dólar exportado y con tres pesos (0,08 centavos de dólar) por dólar a las demás, como las industriales y servicios.
Con ese impuesto espera recaudar 60.000 millones de pesos extras (1.500 millones de dólares) hasta diciembre y 280.000 millones de pesos (unos 7.200 millones de dólares) en 2019, equivalente al 1% del PBI.
La decisión de Macri de gravar las exportaciones da una idea de la dimensión de la crisis, luego de prometer durante meses que no tocaría las retenciones. En la memoria está aún la crisis política que enfrentó Cristina Fernández en 2009, cuando los productores rechazaron una suba de impuestos con barricadas que paralizaron el comercio de granos.
En los cuadros financieros que presentó este lunes el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, se muestra también que el año que viene habrá más aumentos de tarifas, en otra medida de alto impacto en el bolsillo de los argentinos.
El mayor recorte del gasto será en inversión pública: un 0,7% del PBI, pero también habrá un ajuste a través de la eliminación de subsidios al transporte y la electricidad, lo que supondrá otra reducción del 0,5% del PBI.
Dujovne admitió que el duro mecanismo diseñado por el gobierno agravará la recesión para este año. Hace una semana, el titular de Economía anticipaba una contracción del 1%, que ahora podría duplicarse.
Para paliar los efectos de la crisis en las clases más vulnerables el gasto en programas sociales crecerá un 0,3% el año que viene y se ampliará el programa oficial de control de precios en bienes de la canasta básica lanzado por el kirchnerismo.