Suspensión de la obra pública: alarma por el futuro del canal de Magdalena

Ante la política que aplica el gobierno de Javier Milei en el sector de la obra pública, desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) expresaron su “profunda” preocupación por el futuro de la inversión planificada para el dragado del denominado canal de Magdalena.

Alejandro Passarini, presidente de la entidad, volvió a subrayar que el canal es vital para impulsar el desarrollo local y transformar el acceso marítimo a las vías navegables interiores, sin depender del control extranjero.

La última novedad trascendental en torno al proyecto se conoció en julio del 2023, luego de que la licitación convocada por el entonces presidente Alberto Fernández para realizar la obra quedara finalmente postergada por el gran interés que suscitó.

Desde el CIPBA destacaron la importancia del canal para el territorio bonaerense a partir de distintas estadísticas sobre el comercio exterior.

“A pesar de que la provincia de Buenos Aires concentra más del 40% de la infraestructura portuaria del país, su participación en el mercado de transporte de cargas y en el ámbito internacional es mínima en comparación con ciudades como Rosario”, señalaron desde el colegio.

En consecuencia Passarini remarcó: “Redirigir el tráfico hacia los ríos interiores impulsaría la economía local, generando una importante demanda de mano de obra especializada”.

 

 

El puerto de Montevideo

Recientes declaraciones del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou indican que el gobierno argentino habría aprobado los planes de ampliación del puerto de Montevideo.

Como resultado, según CIPBA, eso podría socavar el proyecto del canal de Magdalena, con graves consecuencias para la economía de Argentina y de la provincia de Buenos Aires.

La posibilidad de que se concrete la obra en el canal también es relevante para la industria del petróleo, a partir de la explotación de hidrocarburos frente a la costa atlántica bonaerense que se iniciaría en el mes de abril.

 

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Para Passarini, la situación representaría un retroceso en la soberanía marítima y fluvial de Argentina, además de significar la pérdida de oportunidades laborales importantes.

“La incertidumbre sobre el futuro del canal plantea interrogantes sobre la política portuaria y la infraestructura marítima en Argentina, subrayando la necesidad de una planificación estratégica a largo plazo que priorice los intereses económicos y la soberanía del país en el ámbito marítimo y fluvial”, concluyeron desde CIPBA.