El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de manera unificada al considerarla “reparadora de derechos”. Se establecen además incentivos económicos para la contratación en el ámbito privado.
El proyecto obtuvo 55 votos a favor y solo uno en contra –el del senador cordobés del PRO Ernesto Martínez,-mientras que seis legisladores decidieron abstenerse.
La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que lleva el nombre de Lohana Berkins y Diana Sacayán, establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a personas travestis, trans y transgénero.
Cupo laboral trans: será del 1% en el sector público de todo el país. https://t.co/Q6Sj9uMHhs pic.twitter.com/5s7UCbF3YI
— Telégrafo (@telegraficos) September 4, 2020
La sesión especial del Senado -en la que se debate además la ley de “zona fría”– fue seguida desde el recinto de la Cámara alta por representantes de la comunidad trans, que calificaron al de hoy como “un día histórico” por la discusión de esta ley.
En la apertura del debate, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, declaró que la ley “produce una hermosa y estupenda sensación” ya que “después de tantos años nuestro país tendrá una ley que beneficia al colectivo de gays, lesbianas, travestis, trans y otras identidades de género”.
“Esta ley viene a compensar tanto dolor y tanto desamparo sufrido durante décadas y tantas vidas truncas”, sostuvo Durango, y añadió que los senadores tenían la oportunidad de “revertir una realidad de discriminación y violencia que somete a las personas travestis, trans y transgéneros”.
También subrayó que se discute “algo más que el cupo laboral” y afirmó que es un debate sobre “derechos humanos”.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, recalcó que “este paso que estamos dando como Estado para establecer un piso de dignidad para ingresar al sistema formal del trabajo, es un piso de esperanza”, y enfatizó en que “es un desafío cultural y el puntapié inicial lo debe dar el Estado”.
“Cuando se trata de resolver desigualdades, hay que tener una mirada integral. Es muy difícil encontrar respuestas abarcativas para los problemas del conjunto. Pero Argentina en los últimos años, por la madurez de su dirigencia, hizo del reconocimiento de derechos, un Estado que estuvo a la vanguardia”, sentenció.
Su compañera de bancada, la bonaerense Gladys González, sostuvo que la dirigencia argentina “llega tarde” y pidió reconocer a las provincias que “llevan la delantera” en este sentido, entre las que mencionó a la provincia de Buenos Aires, cuya exgobernadora María Eugenia Vidal reglamentó una ley similar en 2019.
Lo que dice la ley
En su artículo 5°, la ley establece que el Estado nacional -comprendiendo los tres poderes que lo integran- así como los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgenero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.
A los fines de garantizar el cumplimiento del cupo previsto, los organismos públicos deben establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero.
Además del cupo mencionado, la ley establece también que “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”.
En tanto, se agrega que “no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales de postulantes que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral”, como tampoco “representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.
Otro de los puntos indica que “los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales”.
Por último, la nueva ley prevé incentivos para el sector privado que contrate personal trans al tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.
