Confirman procesamiento a exfuncionarios por venta ambulante ilegal en playas

La investigación demoró tres años, pero finalmente la Justicia dictó múltiples procesamientos por la existencia de un plan organizado entre funcionarios públicos y particulares, para constituir una “zona liberada” y permitir la venta ambulante y la explotación ilegal de puestos comerciales en la playa pública de Pinamar.

Entre los procesados se encuentra el exintendente Hernán Muriale –renunció en 2014 tras asumir para completar el mandato de Blas Altieri, destituido por hechos de corrupción- y el por entonces director de Fiscalización, Roberto Baena, pero también el todavía presidente de la UCR pinamarense, Julio Quiroga y su hijo, Walter.

Se los acusa de los delitos de administración fraudulenta contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a los primeros y de partícipes necesarios, a los segundos.

Quien dio a conocer la decisión de la Justicia fue el concejal radical Lucas Ventoso, quien no dudó en condenar lo sucedido hacia adentro de su propio partido y a quienes se ven involucrados en el escándalo. Según explicó Ventoso, estos puestos ilegales en las “zonas liberadas” eran otorgados desde la intendencia “a sus punteros políticos como pago de favores”.

“Uno de estos favores políticos fue el apoyo al aumento del 500% de tasas que aplicó ilegalmente Muriale en el 2013. Entre los que han intervenido en esta maniobra (y quedó también procesado) está el presidente de mi partido, la Unión Cívica Radical, Julio Quiroga, y su hijo, ex funcionario y actual empleado municipal, Walter Quiroga”, resaltó.

Además de los mencionados, también fueron procesados otros exfuncionarios como el sub director de Fiscalización Leandro Sarobe, el Coordinador de Playa Enrique Arias y Sergio Márquez, empleado municipal.

La investigación

Desde la fiscalía señalaron que durante la temporada de verano 2012-2013, Muriale -en su carácter de intendente interino- junto a los funcionarios mencionados, “en una clara división de roles dentro de la competencia funcional de sus respectivos cargos públicos y con el fin de defraudar a la administración pública y beneficiar a terceros particulares, y en el caso del funcionario Márquez obtener un lucro para sí, en forma ilegal permitieron la construcción, instalación y funcionamiento de casillas y/o paradores sobre el espacio público de playa del partido de Pinamar”.

Por la instalación y explotación de los puestos, la Comuna no habría recibido un centavo, además de que se habrían violado todas las instancias administrativas dentro del Municipio y en el Concejo Deliberante, organismo que no aprobó ninguna de estas acciones.

“Constituyó un lucro para terceros que se encontraban explotando dichos puestos, como así también para el propio funcionario municipal Márquez, titular de uno de los puestos, cuya función pública se vinculaba directamente con la fiscalización del sector”, puntualizó la fiscalía a cargo de Juan Pablo Calderón. El titular de otro de estos espacios ilegales sería el presidente de la UCR, y su hijo habría estado también a cargo de la explotación.

Por otra parte, el intendente Muriale fue quien “remitió notas a la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar” para autorizar la llegada de estos servicios a las casillas y “posibilitó así la actividad comercial”.

Pacto de impunidad

Para el concejal Ventoso, el sistema de impunidad tuvo “su gran fortaleza” en el poder político que construyó Altieri, mientras destacó que “su banda se asentó, también, en la oposición: la UCR y el PJ”.

“El pacto de impunidad atravesó a todos los partidos políticos, ya sea por acción u omisión. Así, los negocios de la dirigencia política ‘opositora’ con los funcionarios corruptos, cobrando montañas de dinero sucio robado al pueblo, fue y es la forma de disciplinarlos”, reflexionó el edil radical.

Al finalizar sostuvo que “este sistema podrido en la UCR quedó expuesto y a la vista de todos”, por lo que instó al PJ de Pinamar a “llevar luz y justicia hacia adentro y exponer a quienes han sido funcionales a esta matriz de impunidad que ha saqueado a nuestro pueblo durante 20 años”.

Más allá de los hechos puntuales y las particularidades de este caso, Ventoso hizo un llamado general a luchar contra la corrupción en el sistema. “Ahora que sí sabemos por qué estamos como estamos y quiénes son los responsables de esta política atroz, corrupta y cómplice, depende de nosotros seguir apoyando esta miseria para nuestro pueblo. No se trata solamente de luchar contra los corruptos, es luchar contra todo un sistema político de impunidad”, remató.