Un aumento de boleto del 100%, polémica y posible veto

El Concejo Deliberante geselino, de manera unánime, sancionó un ajuste en la tarifa de colectivo que oscila entre el 50% y el 100% -con SUBE y sin SUBE- tanto para el boleto plano como para el combinado hacia las localidades del sur. El intendente Gustavo Barrera criticó con dureza a los concejales, incluso a los oficialistas, que también acompañaron la suba.

Si bien la empresa El último Querandí, que preside el empresario Gustavo Pereyra, pretendía un boleto diferencial de 10 pesos para el invierno y de 14 para la temporada -lo que significaba un aumento del 65% y 133% respectivamente-, los ediles oficialistas y opositores bajaron esa expectativa. No obstante, el impacto para los geselinos será importante y desproporcionado: el boleto plano pasará de $6 a $9 -un incremento del 50%- en caso de contar con tarjeta SUBE y llegará a $12 para quienes no la tengan (100%). En los mismos porcentajes aumentará el boleto combinado para trasladarse a las localidades del sur, que pasará de $9 a $13.50 con SUBE y a $18 sin la tarjeta.

El jefe comunal, que tiene poder de veto sobre esta decisión, arremetió contra los concejales al señalar que “están legislando en contra de los geselinos”. Además, volvió a apuntar a los ediles Jorge Martínez Salas y Atilio Roncoroni -de Cambiemos y UNA, respectivamente- y aseguró que por “autobajarse los impuestos” van a “pagar menos mensualmente por sus terrenos que un trabajador por el boleto de colectivo”.

Barrera sostuvo que “es la primera vez en la historia que se aumenta el doble del valor” y agregó que “una vez más quedó demostrado en esta ordenanza que están gobernando en contra del pueblo”. El intendente no sólo hizo referencia a la oposición, sino a sus propios concejales que también avalaron el tarifazo.

Si bien aún la ordenanza no llegó al despacho del titular del Ejecutivo, se analizará si se procederá a vetar la misma ya que además del ajuste, “El Último Querandí no cumple con la VTV, los seguros y el seguro de caución”. “No es una cuestión contra el empresario, hay un pliego y un contrato firmado y no se está cumpliendo”, concluyó Barrera.

 

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