El intendente de Pinamar, Martín Yeza, finalmente fue indagado este miércoles por la Justicia Federal de Dolores, en el marco de la causa que investiga el fraude cometido con las tarjetas Alimentar.
Cabe recordar que el jefe comunal había buscado con diferentes maniobras evadir la indagatoria a la que había sido convocado por el juez Martín Bava, incluso con un pedido de recusación contra el magistrado, pero ante el rechazo de las instancias superiores se vio obligado a concurrir a la citación.
La causa en la que Yeza está imputado busca dilucidar las responsabilidades por el robo de unos dos millones de pesos a través del uso fraudulento de las tarjetas Alimentar destinadas a familias vulnerables, que el municipio debía distribuir.
También están imputados y embargados los exfuncionarios de Pinamar que estaban a cargo del área de Desarrollo Social, Nora Ponce y Javier Tumas (de licencia sin goce de haberes).
La banda que pergeñó el delito, incluida una empleada municipal, se encuentra identificada y detenida, mientras la investigación avanza sobre las responsabilidades políticas.
Rechazan la recusación de Yeza contra el juez y vuelven a citarlo a indagatoria. https://t.co/GEYYDqk8mU pic.twitter.com/AoOSEyynoi
— Telégrafo (@telegraficos) November 10, 2021
Lo que declaró Yeza
Por teleconferencia, Yeza negó haber tenido participación alguna en la comisión de un delito y respondió preguntas del juez federal interino de Dolores, Martín Bava, y de la fiscalía, según informaron a Télam fuentes judiciales.
El intendente de Pinamar sostuvo que por el hecho se abrieron investigaciones administrativas y que hay denuncias penales en curso y adelantó que prevé presentar un escrito con más información.
Durante su descargo, el jefe municipal explicó que el organigrama del municipio incluye más de 50 áreas por debajo del intendente y explicó así lo inconveniente que resultaría para quien ostente el cargo ocuparse del control directo de cada una.
Según reconstruyó la agencia Télam, Yeza incluso buscó despegarse políticamente de Nora Ponce, la funcionaria municipal procesada que estaba a cargo de la distribución de las tarjetas Alimentar.