Renunció García-Mansilla como juez de la Corte Suprema

Tras el rechazo de su pliego en el Senado, finalmente José Manuel García-Mansilla renunció como juez de la Corte Suprema de Justicia. “Honré el compromiso de desempeñar mis obligaciones como juez”, señaló en su carta hacia el presidente Javier Milei.

El abogado ocupó el cargo por casi 40 días tras su nombramiento en comisión y por DNU. Se trata de un mecanismo irregular que no se utilizaba para este fin desde 1910.

Así, este lunes García-Mansilla renunció a la Corte Suprema de forma “indeclinable”. “Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente”, se justificó.

 

Senadores rechazan los pliegos de García-Mansilla y Lijo como jueces supremos

 

Nombramientos por decreto

Cabe recordar que el presidente Milei ya había elevado los pliegos para que tanto de García-Mansilla como de Ariel Lijo ocupen un lugar en el tribunal supremo. Incluso cuando García-Mansilla tuvo su audiencia ante los senadores, desestimó asumir en caso de que fuera nombrado por decreto y en comisión.

No obstante, ante la falta de consenso de las diferentes fuerzas políticas -se necesitan dos tercios de los votos para un nombramiento de estas características-, Milei decidió directamente nombrarlos por decreto y a pocos días del inicio del período legislativo ordinario.

 

 

Dos días después y en una ceremonia que transcurrió en total hermetismo, García-Mansilla juró en el cargo. Lijo no pudo hacerlo ya que ejerce como juez federal y la misma Corte rechazó otorgarle licencia. 

La irregularidad del procedimiento para el nombramiento de jueces de la Corte por decreto prácticamente no tiene discusión entre los especialistas. Ante esto, el Senado sesionó la semana pasada y por amplia mayoría rechazó ambos pliegos.

Ahora, García-Mansilla renunció a la Corte Suprema y el máximo tribunal vuelve a funcionar con tres miembros de un total de cinco. Por el momento, Milei no tendría intenciones de elevar nuevos pliegos que logran consenso para el normal funcionamiento del organismo.