Energía privatizada: por decreto Milei decidió la venta de ENARSA

El gobierno de Javier Milei avanza con su política de desguace estatal al iniciar la privatización de la empresa de energía argentina ENARSA, clave para el control estratégico y desarrollo adecuado del sistema energético nacional. Bajo el decreto 286/2025 publicado en el boletín oficial, se habilita la venta total de las actividades y bienes de ENARSA al controlante de la red de alta tensión Transener y principal operadora de transmisión eléctrica del país.

La entrega de activos estratégicos al sector privado genera preocupación por el impacto en la soberanía energética y el acceso equitativo a los servicios públicos y la medida ha generado muchas críticas por partes de expertos y exfuncionarios del sector.

 

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Los argumentos del gobierno de Milei para privatizar ENARSA

Desde la administración de Milei argumentan que la privatización busca mejorar el servicio eléctrico, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos.​

Según datos de la oficina nacional de presupuesto, ENARSA presentó en 2023 un déficit operativo de $713.415 millones, en gran parte debido a la compra de gas importado, que luego se vende a un precio inferior al del mercado, con la diferencia cubierta por subsidios estatales.

 

 

Advertencia política

Federico Basualdo, exfuncionario nacional del área de energía eléctrica, advirtió que la privatización de ENARSA implica que el Estado pierda activos estratégicos y la capacidad de regular mercados fundamentales, como el del gas y la energía eléctrica.

Además, destacó que la empresa fue fundamental en garantizar el autoabastecimiento de gas natural para la industria nacional y el conjunto de la economía argentina, especialmente con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner inaugurado años atrás.

 

 

Otros proyectos de desguace

Este nuevo proceso de privatización se enmarca en una política más amplia del gobierno de Milei, que busca reducir el tamaño del Estado mediante la venta o vaciamiento de empresas públicas y la aplicación de un ajuste en el presupuesto en todo el país y en todas las áreas.

La crisis tiene lugar en el marco de un nuevo pedido de fondos al FMI, también definido por decreto, en paralelo a una apertura de la flexibilización cambiaria y la consecuente devaluación del peso.