Funcionarios de Yeza dieron explicaciones por irregularidades en obra pública

En el marco de una extensa sesión especial, los funcionarios del gobierno de Martín Yeza respondieron una gran cantidad de preguntas sobre la obra denominada “Centralidades Pinamar” y las supuestas irregularidades, causa que además se encuentra en la Justicia con el intendente imputado. El presupuesto del proyecto, que debía terminar en 6 meses y está en ejecución hace más de un año, es de 33 millones de pesos, financiados por el Ministerio del Interior de la Nación.

El encuentro, que duró más de seis horas, había sido convocado para interpelar al jefe comunal, pero –al igual que lo sucedido en el caso de los chiringos clandestinos de Cariló-, la máxima autoridad de la ciudad no asistió y envió al secretario de Gobierno Guillermo Benítez; el director de Espacios Públicos, Sebastián Cuffari; la secretaria de Planeamiento, Mila Gómez Beret y el jefe de Gabinete, Federico Panzieri.

El concejal de Unidad Ciudadana, bloque impulsor de la interpelación, Gregorio Estanga, fue el encargado de exponer el resumen de los hechos que desembocaron en la convocatoria. Cabe recordar que la denuncia penal contra la administración de Yeza se basó en el supuesto desvío de 12 millones de pesos ya que según el análisis de la oposición, los trabajos ya abonados para la obra de renovación urbana, habrían costado la mitad.

Estanga se quejó de la ausencia del intendente y aseguró que “era importante que se presentara dar explicaciones de por qué tomó esta decisión político administrativa ante estos precios no serios y viles con la plata de todos los argentinos”.

En este sentido, la pregunta inicial fue porqué la obra pasó de tener un presupuesto de 19 millones de pesos, a uno de 23 millones y finalmente, a una proyección de 33 millones, aunque nada de esto se explicaba en el expediente. La respuesta de Gómez Beret fue insólita: admitió que la información no estaba en el expediente local, pero que sí se encontraba en “una nube donde están todos los proyectos de Nación”.

El concejal Estanga insistió con ver el detalle del presupuesto y los formularios de cómputos que justifiquen los precios y cómo se llegó al valor total de la obra y mocionó para que haya un cuarto intermedio a fin de que los funcionarios acerquen la documentación, la cual incluso ya había sido pedida oficialmente a través de una comunicación del Concejo Deliberante.

No obstante, Panzieri señaló que carecía de sentido el cuarto intermedio dado que no contaban con esa documentación. El secretario de Gobierno apuntó que la información está “agregada al expediente madre que es el que tiene más relevancia” y entendió que “el defecto de forma no obstaculiza la validez del convenio firmado”.

Tras algunas consultas técnicas, el edil de UC hizo hincapié en el valor de la obra y los ítems presupuestados, ya que los supuestos sobreprecios son la principal crítica de la oposición.

Otra respuesta insólita llegó de parte de las autoridades de Pinamar: Panzieri comentó que si lo que se intenta demostrar es que “existe una cartelización de la obra pública, es todo otro tema a debatir, pero que desde la Municipalidad se ha intentado transparentar todo el proceso”. “Se eligió sobre dos ofertas, no ítem a ítem, analizando oportunidad y conveniencia del total”, sentenció.

Las preguntas siguientes rondaron en torno a la presentación de los planos –la obra comenzó sin ellos-; la ausencia de un estudio de impacto ambiental y la falta de fiscalización, además de los incumplimientos de la empresa adjudicataria.

Sobre esta última cuestión, Panzieri admitió que la relación con la compañía Ashoka es la “peor” que le ha tocado, pero al mismo tiempo entendió que era “más conveniente exigirles el cumplimiento de la obra y no rescindir el contrato y re licitarla”.

Asimismo, Gómez Beret recalcó que al finalizar los trabajos se recepcionará la obra “si está todo en condiciones”, ya que todas las observaciones están registradas. Caso contrario se le dará a la firma 365 días para resolver los problemas que puedan surgir y si no lo hicieran, se les puede ejecutar el seguro.

Desde Propin, el concejal Roberto Elorz fue tajante al pedir la renuncia de los funcionarios encargados de controlar el proyecto en Pinamar por el “estado deplorable” de la construcción a un año de iniciada. Además planteó la necesidad de que no se le vuelva a otorgar una obra pública. Todo fue acompañado por imágenes.

La secretaria de Planeamiento subrayó que la empresa se hará cargo de “todas las reparaciones que hay que hacer” y no el Municipio, mientras afirmó que lo expuesto en las fotos “está observado e intimado por carta documento a la empresa”.

 

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